El Concejo dispuso su sesión del 19 de abril de 20011, para conocer, de cara a las comunidades la situación que enfrenta el municipio, relacionada con la inasistencia en servicios bomberiles en el municipio desde el pasado 19 de enero de 2011 por falta de acuerdos contractuales entre la Administración Municipal y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro.
A la sesión concurrieron por parte de la Alcaldía el Secretario de Gestión y Protección Social Andrés Aristizábal, el Secretario de Hacienda Juan Alberto García, el Secretario de Gobierno David Quintero y el abogado Gabriel Gaviria. Por su parte el Cuerpo de Bomberos fue representado por el Comandante del Cuerpo Bomberos Víctor Álvarez y el abogado Jorge Alberto Guzmán.
Bomberos y Alcaldía, sustentaron la demanda de necesidades y la disponibilidad de recursos, ambas partes con asiento en la norma, la realidad por la que pasa Rionegro y los argumentos que hoy sustentan las apartadas posiciones.
Los Bomberos necesitan un presupuesto para su funcionamiento de 950 millones de pesos, mientras, la Alcaldía manifiesta que dispone de 215 millones para contratar la prestación de los servicios bomberiles para el municipio.
El Secretario de Hacienda afirmó que “el presupuesto destinado a Bomberos corresponde al 15% de la sobretasa al recaudo por actuaciones urbanísticas según el acuerdo 059 de 2006, y la alcaldía le está dando a los bomberos más de lo que se recauda por este concepto que son 205 millones de pesos.”
Los concejales coincidieron en que no se puede poner en tela de juicio a una Institución como el Cuerpo de Bomberos que ha prestado sus servicios a Rionegro desde hace 50 años, ni tampoco desconocer la gestión de la Alcaldía para atender la emergencia, El concejal Carlos Andrés García propuso el nombramiento de una comisión accidental de la corporación, para que medie y concilie los intereses de los bomberos y la administración.
La comisión, quedó integrada por los concejales Carlos Andrés García, Santiago Ospina y John Dairon Jaramillo, participarán en una mesa de concertación entre las partes, de modo que se garanticen los intereses de la ciudadanía.
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