La licencia ambiental para el túnel está en regla y de acuerdo a la ley, según reciente fallo del Consejo de Estado.
Sin embargo, habitantes del corregimiento de Santa Elena y varias organizaciones ambientalistas impulsan movimiento contra la construcción de esta obra, en defensa del agua, la flora y la fauna.
Por su parte, el doctor Javier Valencia directivo de Cornare manifestó que los concesionarios de la obra han realizado tres audiencias públicas informando detalles del proyecto, y que junto con Integral han especificado la metodología del estudio y sus impactos, con las correspondientes acciones de control y mitigación para resarcirlos.
Valencia afirmó además que se creó una comisión de Corporaciones Autónomas Regionales para realizar monitoreo permanente del área de influencia de la obra, antes, durante y después de su construcción.
HISTORIA:
La licencia ambiental para el túnel de Santa Elena se tramitó desde el año 1997 y fue concedida por Cornare en el año 2002, pero Ecofondo, un colectivo de entidades ambientalistas, la demandó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, con acepto las razones y haciendo alusión a posibles daños en el recurso hídrico.
El Tribunal Administrativo de Antioquia aceptó las razones de los opositores y dejó sin piso legal la licencia ambiental de Cornare.
La Gobernación de Antioquia apeló la revocatoria del Tribunal ante el Consejo de Estado entidad que ahora, en reciente providencia, revocó la sentencia del Tribunal y falló a favor de la licencia ambiental para el túnel.
LA COMUNIDAD TIENE OBJECIONES
Por su parte, entidades ambientalistas pusieron recientemente en circulación un manifiesto “por la defensa del agua y los derechos de los habitantes de Santa Elena y zonas aledañas de influencia del proyecto Túnel de Oriente”, en donde exponen algunos motivos como el siguiente:
“Nuestra Idea de Desarrollo
El progreso es necesario para que las comunidades reciban más y mejores beneficios y puedan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, el desarrollo y el progreso son conceptos amigables si están acompañados de concertación, de consulta a esas comunidades sobre lo que las afecta, sobre decisiones que supuestamente buscan el bien común pero que no consultan las situaciones actuales de los pobladores de esos territorios.
No somos enemigos de que se progrese, se hagan mejores vías y se propicie integración y conexión con otras regiones. Sin embargo, el desarrollo no puede ser obras para unos y, como consecuencia, disminución en la calidad de vida para otros, pérdida del agua, de sus valores culturales, de sus prácticas económicas y modificación de sus dinámicas locales.
El desarrollo tampoco pueden ser políticas inconsultas, decisiones verticales, en las que las comunidades sólo reciben los impactos negativos y a cambio tienen que poner como cuota todas las modificaciones pensables e impensables, presentes y futuras, sobre su terruño”.
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